Suspensión provisional de magistrados era improcedente

2 junio, 2021

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Oaxaca, México.

Tras la omisión de la 64 Legislatura del Congreso Local, el pasado 4 de mayo, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, designó a Abraham Isaac Rodríguez Soriano y Moisés Molina Reyes, como nuevos magistrados. Sin embargo, el 21 de mayo, el Secretario en funciones de Juez del Juzgado 11 de Distrito en el Estado de Oaxaca, Jesús Valdivieso López, ordenó la suspensión provisional del nombramiento de Rodríguez Soriano y Molina Reyes, por lo que temporalmente se separaron de sus cargos.

Lo anterior, tras el amparo promovido por Érika María Rodríguez Rodríguez en contra de los nombramientos, con el argumento de que el Gobernador no respetó el principio de paridad de género, cuyo objetivo es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política y cargos públicos.

Erika María Rodríguez, fue electa por la Comisión Permanente de Procuración y Administración de Justicia de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, para ocupar el cargo de magistrada, sin embargo, el pleno no sesionó para ratificar su nombramiento y al vencer el plazo, pasó esta facultad al gobernador.

Tras estos hechos el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, a través de la Consejería Jurídica, interpuso un recurso de queja en contra de la suspensión provisional de los magistrados, acto seguido el 31 de mayo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, declaró fundado el recurso de queja y negó la suspensión provisional solicitada por la quejosa, por este motivo los magistrados Abraham Rodríguez y Moisés Molina regresaron a sus cargos.

Cabe mencionar que por estos hechos, se podría interponer una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, por ‘Notoria Ineptitud’, en contra de Jesús Valdivieso López, quien podría ser suspendido y destituido de su cargo debido a que la suspensión provisional de los magistrados era improcedente, entre otros motivos, porque se trataban de actos consumados, ya que los magistrados se encontraban en pleno desarrollo de sus funciones.

También podría tener consecuencias penales, por ‘Delitos contra la Administración de Justicia’, pues con sus acciones, atentó contra el orden público y privó a la colectividad de los beneficios que otorgan las leyes.

Francisco Márquez